En marzo de 2009 entrará en vigencia la ley de acceso a la información pública, aspecto central en la agenda de probidad de la administración Bachelet. La fecha quedó ratificada luego que ayer se cumpliera uno de los últimos ritos administrativos de la puesta en marcha de la iniciativa, luego que el Tribunal Constitucional publicara la sentencia en la que revisa la legalidad de la iniciativa.
El proyecto fue originado durante 2004 a través de una moción de los senadores Hernán Larraín (UDI) y Jaime Gazmuri (PS) -cuando eran presidente y vicepresidente de la Cámara Alta, respectivamente- y parte de la premisa que toda la información que está en poder del Estado es pública y, por lo tanto, exigible de parte de cualquier persona que requiera de ella.
La ley debe ser promulgada en los primeros días de agosto y obliga a todos los organismos de la administración central, regional y comunal a entregar en un plazo máximo de 20 días hábiles los antecedentes requeridos por los ciudadanos.
Las excepciones estarán dadas por información que sea causal legal de reserva, como la que afecta la vida privada de las personas, a la seguridad pública, a los intereses de la nación y a la seguridad e integridad territorial de Chile.
Para velar por el cumplimiento de la normativa se conformará un Consejo para la Transparencia, el que estará integrado por cuatro miembros que la Presidenta Bachelet debe nominar en octubre próximo, los que tendrán que ser ratificados por dos tercios del Senado.
El consejo recibirá y analizará las denuncias de los ciudadanos y sancionará las eventuales denegaciones al acceso de la información. Los funcionarios que incurran en falta incluso pueden ser sancionados con el ciento por ciento de su sueldo mensual.
"La nueva ley cumple con el estándar más alto que hoy existe en la legislación internacional y tiene una institucionalidad que pocos países en el mundo tienen", sostuvo ayer Felipe del Solar, secretario ejecutivo de la Agencia para la Transparencia y Probidad, entidad vinculada a la Secretaría General de la Presidencia.
La iniciativa, además, contempla un énfasis en el principio de transparencia activa, que obligará a los organismos públicos a actualizar mensualmente en sus sitios web información que irá desde las remuneraciones del personal hasta la contratación y adquisición de bienes y servicios.
"Hemos vivido bajo el principio del secretismo en materia de información pública y esta ley parte de la base de una filosofía distinta, en la que el Estado garantiza el acceso a la información pública", comentó ayer el senador Jaime Gazmuri.
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