Movimiento Social ¿Crónica de una muerte anunciada? La grave crisis que enfrenta el plantel porteño demuestra el deterioro de la educación superior pública, la ausencia del rol del Estado y el predominio de la lógica del mercado, impuesta por la dictadura, con la complicidad de la Concertación.
Si se observa con atención lo que ocurre en la Universidad de Valparaíso, hay que preguntarse si no estamos ante un balón de ensayo para intensificar un proceso de privatización ya comenzado. Este proceso empezó el día que las universidades estatales pasaron a depender del mercado y el Estado empezó a disminuir su aporte.
Este es el segundo conflicto que en el lapso de dos años aqueja a la Universidad de Valparaíso. El anterior, gracias al movimiento estudiantil, pudo lograr la salida del rector Riquelme, quien finalmente tuvo que renunciar a pesar de haber sido recién elegido por tercera vez. Las graves irregularidades cometidas durante su mandato fueron detectadas por la Contraloría de la República, que pidió sanciones por la compra fraudulenta de un terreno en San Felipe.
Con ocasión del primer conflicto, se conoció una enorme deuda cercana a los 23 mil millones de pesos, para una universidad cuyo presupuesto anual es de 34 mil millones. Se constató la poca o casi ninguna transparencia de la gestión universitaria y la ausencia de democracia, lo que se traducía en que el eje del poder seguía fielmente las instrucciones de la LOCE, dejando fuera de cualquier participación a las instancias colegiadas; otorgando poderes casi absolutos a la autoridad unipersonal.
A ello se sumaba en el no funcionamiento de la triestamentalidad en el gobierno de la Universidad; un caos en el sistema de sueldos y de asignaciones, que sólo dependían del rector y un desarrollo y expansión desmesurado e inconsulto, que llevó a catástrofes como la de Rengo, Santiago y Melipilla.
No ha habido mejoría, sino todo lo contrario. Dentro de un agravamiento de la crisis financiera, que comienza a amenazar el pago de funcionarios y académicos, la universidad arriesga de ser declarada insolvente. El nuevo conflicto surge debido a la apresurada elección de un nuevo Rector, antes de que se conociera cabalmente el estado de la crisis financiera, y sin dejar tiempo suficiente para que los candidatos dieran a conocer sus programas.
Por estas razones el acto fue rechazado por los estudiantes y también por los funcionarios quienes declararon un paro a modo de impedirlo luego de haber agotados los esfuerzos para hacer ver a las autoridades la necesidad de su postergación.
Esta petición argumentaba: 1) que era necesario llevar a cabo una auditoría externa, que indicara responsabilidades administrativas de las irregularidades que se habían cometido; 2) que se requería más tiempo, para encontrar una modalidad de participación de estudiantes y funcionarios no académicos. 3) que hubiera posibilidad informarse, debatir y participar en el proceso.
La actual rectora sub-rogante reconoce esa “complejidad”, pero no menciona que los estudiantes estaban en paro, que la casi totalidad de los establecimientos habían sido tomados, que funcionarios y profesores también realizaban un paro de protesta, que la fuerza pública cauteló el acto, como en los “buenos tiempos”.
Ella sólo insiste en que «sin perjuicio de lo anterior, el acto eleccionario tuvo lugar, resultando electo el profesor Aldo Valle Acevedo con un 72% de los votos válidamente emitidos».
El resultado, en términos generales, fue el siguiente: de un universo de 1067 académicos con derecho a voto, sufragaron 556, saliendo elegido el académico de la Escuela de Derecho Aldo Valle Acevedo con 341 votos.
Hubo 73 votos nulos y 9 votos blancos. Otros dos candidatos a la elección resultaron con 71 y 62 votos. El profesor Valle obtuvo el 61% de los votos emitidos, y la votación válidamente emitida, descontando nulos y blancos alcanzó el 44%, muy por debajo del porcentaje histórico en una votación de rector en esta universidad.
Es obvio que la legitimidad de esta elección esté cuestionada. No votaron los profesores que trabajan a honorarios en la Universidad, aunque se trata de cuadros académicos que siguen aportando a la investigación y sus publicaciones prestigian a la universidad.
A lo anterior hay que agregar, como lo dicen la Asociación de Académicos AFA-UV y la Federación de estudiantes FEUV, «una serie de otras irregularidades en la convocatoria y realización del proceso.»
Resulta de todo esto, que el candidato elegido tendrá respaldo mínimo para enfrentar la grave situación en que se halla sumida la Universidad, salvo que logre comprometer al gobierno en la solución de la crisis financiera, asegurando una normalidad a largo plazo.
Fracaso de un sistema
Estamos hablando de una universidad que posee un gran potencial. Con cerca de 16.000 estudiantes, provista de excelencia en muchas de sus áreas, donde, por ejemplo, los profesionales de la salud con que cuenta son reconocidos internacionalmente por su calidad.
Lo mismo ocurre con aquellos que trabajan en ciencias de la naturaleza y el mar. Igualmente es destacar el esfuerzo mediante el cual se han ido incrementando cuantitativa y cualitativamente los estudios de filosofía, historia y ciencias sociales en la facultad de humanidades.
Con estos ejemplos, lo que queremos indicar es que no es la calidad y excelencia académica lo que está fallando en la Universidad de Valparaíso, sino su mal manejo administrativo.
Es posible que esta elección sea impugnada, o bien que el rector electo asuma funciones pese a su seria inestabilidad. Pero esto no ha significado un retroceso para los académicos que se manifiestan en defensa de la Educación Pública, por la democratización de la Universidad y en general, por la derogación del contenido en la LOCE.
Principalmente, han sido los estudiantes quienes han planteado demandas que van más allá del cuestionamiento de la elección. Este estamento estableció un petitorio de cuatro puntos consistente en: 1) aclaración de la situación de la universidad mediante una auditoría externa, 2) elecciones triestamentales, 3) elaboración de nuevos estatutos orgánicos para la universidad con la participación de los tres estamentos, y 4) compromiso económico del Estado con la universidad en crisis por el carácter estatal de ésta.
Los otros dos estamentos, académicos y funcionarios, también plantean demandas similares. El objetivo común de los tres estamentos de esta universidad es salvarla del derrumbe, para lo cual se demanda la participación estatal y se permanece en estado de alerta ante posibles soluciones neoliberales, que junto con mermar la calidad de la universidad como desarrollo del conocimiento, se acompañan de una serie de despidos que incrementan el conocido drama que vive nuestra sociedad.
De la situación por que atraviesa la Universidad de Valparaíso, el gran culpable es el sistema actual de la enseñanza superior, lo que provoca que se estén dando situaciones similares en otras universidades como ocurre en estos momentos con la Universidad de Playa Ancha y la UTEM.
Todos estos casos hacen evidente que lo que está en peligro es el carácter público de la universidad en Chile, que la educación no puede pasar a regirse por la ley del mercado dentro de una lógica de lucro.
La Universidad no está hecha para eso! Sus tres funciones básicas, las que definen a una universidad como tal, la educación, la investigación y la extensión, no pueden funcionar al unísono si se entra en la lógica del mercado. Ninguna de estas funciones puede dejar de existir, o ser pariente pobre de las otras.
El mercado desregula la racionalidad de un sistema de enseñanza, porque la lógica del mercado conduce el monopolio. La crónica de la muerte anunciada nos lleva a pensar que un día habrá una sola universidad privada en todo el país.
Parece absurdo, pero es la dirección a que nos conduce la lógica del mercado. La racionalidad de un sistema universitario supone una coherencia interna entre sus tres funciones; más una coherencia externa entre las distintas universidades, privadas y estatales conforme a un proyecto universidad que se inserte en un proyecto de país.
Dado el caos que estamos viviendo en la educación en Chile, cuya falla principal viene del proceso de privatización impuesto durante los últimos días de la dictadura y asumido por la concertación, consideramos que debiera instalarse un sistema mixto, financiado por el Estado, que asegure una educación universitaria de calidad para todos y garantice el desarrollo de sus tres funciones básicas.
Respecto a la Universidad de Valparaíso, en su misión de, «defender la educación pública y estatal debidamente financiada», debe otorgar un adecuado financiamiento estatal a la Universidad de Valparaíso. Además, se debe cambiar el eje de poder que impone la LOCE, por una gestión democrática que institucionalice la presencia de los tres estamentos en el gobierno universitario, lo que se planteó por primera vez en 1918, se insistió en 1968, por la reforma universitaria, y hoy requiere de una nueva reinstalación.
Si miramos este nuevo conflicto desde una perspectiva de futuro es necesario destacar que en un importante sector de la comunidad de la Universidad de Valparaíso apoya estos principios básicos. El instrumento concreto para llevar a una concreción estas ideas, es pasar a la elaboración de un nuevo Estatuto orgánico que sea el acto de legitimación de estas ideas.
(Espacio de Estudios y Debates Fernando Ortiz)
Si se observa con atención lo que ocurre en la Universidad de Valparaíso, hay que preguntarse si no estamos ante un balón de ensayo para intensificar un proceso de privatización ya comenzado. Este proceso empezó el día que las universidades estatales pasaron a depender del mercado y el Estado empezó a disminuir su aporte.
Este es el segundo conflicto que en el lapso de dos años aqueja a la Universidad de Valparaíso. El anterior, gracias al movimiento estudiantil, pudo lograr la salida del rector Riquelme, quien finalmente tuvo que renunciar a pesar de haber sido recién elegido por tercera vez. Las graves irregularidades cometidas durante su mandato fueron detectadas por la Contraloría de la República, que pidió sanciones por la compra fraudulenta de un terreno en San Felipe.
Con ocasión del primer conflicto, se conoció una enorme deuda cercana a los 23 mil millones de pesos, para una universidad cuyo presupuesto anual es de 34 mil millones. Se constató la poca o casi ninguna transparencia de la gestión universitaria y la ausencia de democracia, lo que se traducía en que el eje del poder seguía fielmente las instrucciones de la LOCE, dejando fuera de cualquier participación a las instancias colegiadas; otorgando poderes casi absolutos a la autoridad unipersonal.
A ello se sumaba en el no funcionamiento de la triestamentalidad en el gobierno de la Universidad; un caos en el sistema de sueldos y de asignaciones, que sólo dependían del rector y un desarrollo y expansión desmesurado e inconsulto, que llevó a catástrofes como la de Rengo, Santiago y Melipilla.
No ha habido mejoría, sino todo lo contrario. Dentro de un agravamiento de la crisis financiera, que comienza a amenazar el pago de funcionarios y académicos, la universidad arriesga de ser declarada insolvente. El nuevo conflicto surge debido a la apresurada elección de un nuevo Rector, antes de que se conociera cabalmente el estado de la crisis financiera, y sin dejar tiempo suficiente para que los candidatos dieran a conocer sus programas.
Por estas razones el acto fue rechazado por los estudiantes y también por los funcionarios quienes declararon un paro a modo de impedirlo luego de haber agotados los esfuerzos para hacer ver a las autoridades la necesidad de su postergación.
Esta petición argumentaba: 1) que era necesario llevar a cabo una auditoría externa, que indicara responsabilidades administrativas de las irregularidades que se habían cometido; 2) que se requería más tiempo, para encontrar una modalidad de participación de estudiantes y funcionarios no académicos. 3) que hubiera posibilidad informarse, debatir y participar en el proceso.
La actual rectora sub-rogante reconoce esa “complejidad”, pero no menciona que los estudiantes estaban en paro, que la casi totalidad de los establecimientos habían sido tomados, que funcionarios y profesores también realizaban un paro de protesta, que la fuerza pública cauteló el acto, como en los “buenos tiempos”.
Ella sólo insiste en que «sin perjuicio de lo anterior, el acto eleccionario tuvo lugar, resultando electo el profesor Aldo Valle Acevedo con un 72% de los votos válidamente emitidos».
El resultado, en términos generales, fue el siguiente: de un universo de 1067 académicos con derecho a voto, sufragaron 556, saliendo elegido el académico de la Escuela de Derecho Aldo Valle Acevedo con 341 votos.
Hubo 73 votos nulos y 9 votos blancos. Otros dos candidatos a la elección resultaron con 71 y 62 votos. El profesor Valle obtuvo el 61% de los votos emitidos, y la votación válidamente emitida, descontando nulos y blancos alcanzó el 44%, muy por debajo del porcentaje histórico en una votación de rector en esta universidad.
Es obvio que la legitimidad de esta elección esté cuestionada. No votaron los profesores que trabajan a honorarios en la Universidad, aunque se trata de cuadros académicos que siguen aportando a la investigación y sus publicaciones prestigian a la universidad.
A lo anterior hay que agregar, como lo dicen la Asociación de Académicos AFA-UV y la Federación de estudiantes FEUV, «una serie de otras irregularidades en la convocatoria y realización del proceso.»
Resulta de todo esto, que el candidato elegido tendrá respaldo mínimo para enfrentar la grave situación en que se halla sumida la Universidad, salvo que logre comprometer al gobierno en la solución de la crisis financiera, asegurando una normalidad a largo plazo.
Fracaso de un sistema
Estamos hablando de una universidad que posee un gran potencial. Con cerca de 16.000 estudiantes, provista de excelencia en muchas de sus áreas, donde, por ejemplo, los profesionales de la salud con que cuenta son reconocidos internacionalmente por su calidad.
Lo mismo ocurre con aquellos que trabajan en ciencias de la naturaleza y el mar. Igualmente es destacar el esfuerzo mediante el cual se han ido incrementando cuantitativa y cualitativamente los estudios de filosofía, historia y ciencias sociales en la facultad de humanidades.
Con estos ejemplos, lo que queremos indicar es que no es la calidad y excelencia académica lo que está fallando en la Universidad de Valparaíso, sino su mal manejo administrativo.
Es posible que esta elección sea impugnada, o bien que el rector electo asuma funciones pese a su seria inestabilidad. Pero esto no ha significado un retroceso para los académicos que se manifiestan en defensa de la Educación Pública, por la democratización de la Universidad y en general, por la derogación del contenido en la LOCE.
Principalmente, han sido los estudiantes quienes han planteado demandas que van más allá del cuestionamiento de la elección. Este estamento estableció un petitorio de cuatro puntos consistente en: 1) aclaración de la situación de la universidad mediante una auditoría externa, 2) elecciones triestamentales, 3) elaboración de nuevos estatutos orgánicos para la universidad con la participación de los tres estamentos, y 4) compromiso económico del Estado con la universidad en crisis por el carácter estatal de ésta.
Los otros dos estamentos, académicos y funcionarios, también plantean demandas similares. El objetivo común de los tres estamentos de esta universidad es salvarla del derrumbe, para lo cual se demanda la participación estatal y se permanece en estado de alerta ante posibles soluciones neoliberales, que junto con mermar la calidad de la universidad como desarrollo del conocimiento, se acompañan de una serie de despidos que incrementan el conocido drama que vive nuestra sociedad.
De la situación por que atraviesa la Universidad de Valparaíso, el gran culpable es el sistema actual de la enseñanza superior, lo que provoca que se estén dando situaciones similares en otras universidades como ocurre en estos momentos con la Universidad de Playa Ancha y la UTEM.
Todos estos casos hacen evidente que lo que está en peligro es el carácter público de la universidad en Chile, que la educación no puede pasar a regirse por la ley del mercado dentro de una lógica de lucro.
La Universidad no está hecha para eso! Sus tres funciones básicas, las que definen a una universidad como tal, la educación, la investigación y la extensión, no pueden funcionar al unísono si se entra en la lógica del mercado. Ninguna de estas funciones puede dejar de existir, o ser pariente pobre de las otras.
El mercado desregula la racionalidad de un sistema de enseñanza, porque la lógica del mercado conduce el monopolio. La crónica de la muerte anunciada nos lleva a pensar que un día habrá una sola universidad privada en todo el país.
Parece absurdo, pero es la dirección a que nos conduce la lógica del mercado. La racionalidad de un sistema universitario supone una coherencia interna entre sus tres funciones; más una coherencia externa entre las distintas universidades, privadas y estatales conforme a un proyecto universidad que se inserte en un proyecto de país.
Dado el caos que estamos viviendo en la educación en Chile, cuya falla principal viene del proceso de privatización impuesto durante los últimos días de la dictadura y asumido por la concertación, consideramos que debiera instalarse un sistema mixto, financiado por el Estado, que asegure una educación universitaria de calidad para todos y garantice el desarrollo de sus tres funciones básicas.
Respecto a la Universidad de Valparaíso, en su misión de, «defender la educación pública y estatal debidamente financiada», debe otorgar un adecuado financiamiento estatal a la Universidad de Valparaíso. Además, se debe cambiar el eje de poder que impone la LOCE, por una gestión democrática que institucionalice la presencia de los tres estamentos en el gobierno universitario, lo que se planteó por primera vez en 1918, se insistió en 1968, por la reforma universitaria, y hoy requiere de una nueva reinstalación.
Si miramos este nuevo conflicto desde una perspectiva de futuro es necesario destacar que en un importante sector de la comunidad de la Universidad de Valparaíso apoya estos principios básicos. El instrumento concreto para llevar a una concreción estas ideas, es pasar a la elaboración de un nuevo Estatuto orgánico que sea el acto de legitimación de estas ideas.
(Espacio de Estudios y Debates Fernando Ortiz)
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